Los problemas del mercado laboral español están bien diagnosticados en numerosos estudios e informes nacionales e internacionales, tanto antes como después de la importante reforma laboral de 2012. Estos problemas se pueden resumir en los siguientes:
- Un alto desempleo que duplica constantemente la media europea.
- Una alta temporalidad que triplica constantemente la media europea.
- Hasta la reforma laboral apenas existían mecanismos eficaces de lo que se llama flexibilidad interna, esto es, la posibilidad de adaptar las condiciones de trabajo como horario, jornada, salario; y las relaciones laborales eran excesivamente rígidas, salvo en la utilización constante de contratos temporales.
- Hasta la reforma laboral existía una generalización del despido-tipo improcedente con las indemnizaciones más altas que tenía lugar a cambio de no pleitear.
- Los sindicatos y asociaciones empresariales se organizan en torno a sectores de actividad tradicionales (hostelería, comercio, construcción, …) y en dichos ámbitos negocian convenios colectivos que se aplican a todos los trabajadores y empresas, que no siempre se adaptan a la nueva realidad social y empresarial.
- Poca conexión entre salarios y productividad. Los salarios han tenido, en décadas, estabilidad y moderación salarial pero poco comunicada con la realidad y productividad de cada empresa. No existe apenas participación financiera de los empleados en las empresas, lo que genera alta desigualdad salarial entre altos directivos y plantilla.
- Déficit de formación y productividad de trabajadores, ahora agravado con la digitalización de los sistemas de producción.
- Mala intermediación laboral pública con el objeto de encontrar o mejorar el empleo y nula utilización de la colaboración pública/privada en este objetivo social
- Una herencia franquista corporativista de exceso de estatalismo e intervencionismo administrativo en las relaciones laborales, mitigado en parte por la reforma laboral.
La presencia de estos problemas ha motivado sucesivas reformas laborales desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 (1984, 1994, 1997, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011) que, con distintas medidas, han intentado ofrecer soluciones a nuestro mercado de trabajo, con resultados desiguales. Estas acciones terminaron confluyendo en la importante reforma laboral de 2012, que se puede calificar como estructural, al abordar en conjunto toda esta problemática, en el marco de exigencias europeas y una crisis económica devastadora con un elevado desempleo.
La reforma laboral de 2012
Esta reforma laboral 2012, en este contexto, con estos precedentes, tuvo los siguientes objetivos, declarados y no declarados en sus exposiciones de motivos:
- Aumentar la flexibilidad laboral interna. El objetivo es que las empresas tengan herramientas de adaptación laboral preferibles al ajuste de empleo con despidos en situaciones coyunturales difíciles.
- Racionalizar el coste del despido, excesivamente concentrado en el improcedente de 45 días salario/año con un tope de 42 meses, y derivarlo hacia despidos objetivos/colectivos por causa empresarial sobre mínimo 20 días salario/año con 24 meses.
- Reducir el intervencionismo administrativo en decisiones empresariales de flexibilidad interna y despido colectivo. Se eliminan rígidas autorizaciones administrativas en las relaciones laborales.
- Ajustar los salarios a la realidad económica de la empresa, tanto los de convenios colectivos como los de mejoras contractuales. El trasfondo durante la crisis de este objetivo era una devaluación salarial, para ayudar a la recuperación económica y de empleo.
- Potenciar la negociación colectiva en las empresas y agilizar los tiempos de negociación colectiva.
- Flexibilizar el tiempo de trabajo. Lograr flexibilidad a través de fórmulas de distribución del tiempo de trabajo.
- Incentivar la contratación a tiempo parcial por horas como vía para reducir desempleo y adaptar los contratos a las necesidades reales de las empresas.
- Reducir la dualidad laboral ante la persistente temporalidad de nuestro mercado de trabajo.
- Consolidar la formación en las empresas con modelos de formación dual sector educativo/empresa, mejores contratos formativos, y cambios en la formación continua de los trabajadores.
- En este contexto de objetivos, facilitar la creación de empleo y la recuperación económica como horizonte final, a la vez que modernizar todo el sistema laboral.
La aplicación en el período 2012-2019 de la reforma laboral muestra, desde la evidencia empírica constatada también en numerosos estudios e informes, logros incuestionables y ciertos desequilibrios.
Logros de la reforma laboral
Entre los logros alcanzados en estos años de implementación de la reforma, cabe destacar los siguientes:
- Consolidación de la flexibilidad laboral interna como alternativa a los despidos.
- Racionalización del coste del despido y desaparición de la anomalía de un despido-tipo improcedente.
- Eliminación del intervencionismo administrativo excesivo en las relaciones laborales, anómalo hasta entonces en el contexto europeo.
- Nuevos y positivos incentivos en la negociación colectiva sin haber alterado sus elementos estructurales ni ocasionado vacíos de cobertura convencional.
- Unas relaciones laborales flexibles gestionadas desde numerosos acuerdos colectivos entre representantes empresariales y sindicales.
- Respondiendo a uno de sus objetivos, la devaluación salarial cooperó en su día a la recuperación económica y de empleo.
Lo cierto es, finalmente, que, tras la reforma laboral en 2012 y su difícil aplicación, España ha recuperado, en estos años, el crecimiento económico, y la recuperación del empleo. Es evidente que otros factores económicos e internacionales han facilitado este logro, pero también lo es que la reforma laboral ha cooperado a este éxito de la economía y sociedad española que, nunca hay que olvidarlo, pasó por circunstancias extremas de recesión y altísimo desempleo
Los desequilibrios de la reforma laboral
Entre los desequilibrios originados por la reforma laboral en estos años se pueden subrayar los siguientes:
- La prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, en cuantía salarial, ha podido originar abusos de convenios de empresa con salarios bajos, que han sustituido a salarios más altos regulados en convenios de sector. Ello ha podido estar sucediendo en empresas pequeñas que negocian a la baja su convenio colectivo y en empresas multiservicios con un poder sindical debilitado. El ejemplo de las camareras de piso en hoteles, las denominadas Kellys, es significativo.
- La modificación unilateral contractual de la cuantía salarial, ha podido originar abusos en reducciones salariales muy altas, donde el trabajador no tenía otra salida que la extinción con 20 días salario/año o la aceptación de la rebaja. El factor salarial en la modificación contractual ha podido operar así, en ocasiones, durante la crisis, como un despido indirecto conexo a la devaluación.
- El debilitamiento del poder sindical, tras cambiar reglas de negociación, que eran muy favorables a su posición negociadora, ha podido conllevar ciertos desequilibrios en la negociación de condiciones laborales y salariales, sobre todo en intercambios con el mantenimiento del empleo en tiempos de crisis.
- La alta flexibilidad en la contratación a tiempo parcial puede estar motivando un uso desequilibrado de las horas de trabajo, con una amplia disponibilidad del trabajador. Han aumentado así los riesgos de horas no pagadas, como constatan algunos informes oficiales.
- La alta flexibilidad laboral interna, y en especial la que se proyecta en el tiempo de trabajo, tiene riesgos de no atender a la conciliación laboral y familiar de los trabajadores.
- La temporalidad en los contratos de trabajo continúa siendo muy alta, con la percepción de que el aumento de flexibilidad laboral no ha conllevado apenas reducción de la precariedad laboral.
- La reforma reduce intervencionismo administrativo en decisiones empresariales pero, a cambio, asume su posible judicialización. El control administrativo ha sido sustituido por el judicial. Pero esta operación se ha efectuado sin dotar de más medios a la Jurisdicción Social, lo que alarga los tiempos de la Justicia. Ello está creando gran inseguridad jurídica y un gran desequilibrio este desajuste de medios de la Jurisdicción Social.
Este tipo de análisis de desequilibrios siempre hay que situarlo en la realidad económica española de dos mercados laborales, uno que compite en costes, y otro que compite en calidad y productividad. En el primer mercado laboral los desequilibrios son mayores mientras que en el segundo priman las virtudes de la reforma.
Los retos para reformas futuras
Este contraste entre logros y desequilibrios, entre beneficios/coste, ubica la acción normativa llevada a cabo respecto a la reforma laboral desde 2016, en las dos etapas políticas posteriores (PP y PSOE). El reconocimiento, explícito o implícito, de los logros alcanzados fundamentan la práctica desaparición del discurso político de la derogación de la reforma laboral y su sustitución por el de realizar ajustes normativos puntuales. De igual modo, detectar los desequilibrios permite una labor normativa puntual sobre medidas concretas, sin cuestionar la estructura de la reforma. La separación de medidas de crisis y medidas estructurales también es útil para revisar las primeras y mantener las segundas. Esta nueva Legislatura debería situar entre los aspectos prioritarios de Estado la política del mercado laboral tras la superación de la crisis económica.
Es necesario, de un lado, corregir los desequilibrios de la reforma laboral, que pudieron ser aceptados durante la crisis económica, pero que ahora ya carecen de sentido. Hay que desactivar algunas medidas de devaluación salarial, que están bien identificadas, y mantener la estructura nuclear de un cambio normativo que ha sido positivo para nuestra economía y competitividad.
Es imprescindible, de otro lado, afrontar los grandes retos laborales que exigen una mejor adaptación a la realidad social y económica del siglo XXI, incluyendo la digitalización, la globalización y las transformaciones enormes de la organización productiva postindustrial. Hay que avanzar en el proceso reformador laboral porque parte de los problemas de nuestro mercado de trabajo no se han solucionado todavía, a la vez que han aparecido otros diferentes. Para ello, se debería articular otra gran reforma laboral estructural que, entre otros objetivos, consiga potenciar la contratación indefinida, adapte los mecanismos de indemnización extintiva a la cada vez mayor movilidad de los trabajadores entre empresas, apueste por la colaboración público/privada en la intermediación y formación, intensifique las medidas de conciliación laboral y familiar con una reestructuración de los tiempos y horarios de trabajo, introduzca vías de participación en beneficios de los asalariados, adapte el modelo sindical y empresarial a la nueva realidad social, introduzca reglas específicas de responsabilidades multilaterales en la empresa-red y adopte medidas labores concretas frente a la digitalización y el futuro del trabajo que se avecina, incluyendo la regulación específica de las plataformas digitales.
El camino de las reformas y retos de nuestro mercado de trabajo español no puede ser, en fin, el de los retrocesos al pasado. Sólo puede ser un camino de futuro, que mire a todas las transformaciones económicas y sociales del siglo XXI.
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