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CARTA SOCIAL EUROPEA

El pasado lunes 17 de mayo, la oficina de prensa de Cáritas se felicitaba por la ratificación efectiva y plena de la Carta Social Europea Revisada por parte de España y del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995.

Así lo habían confirmado los servicios de prensa de Moncloa quienes manifestaban que ese mismo lunes se había presentado en la sede del Consejo de Europa de Estrasburgo el instrumento de ratificación de dicha carta que explicita la norma que amplía los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral, porque además esta ratificación permitirá desarrollar nuevas medidas que mejorarán y/o reafirmarán los derechos sociales garantizados por la Carta. Entre estos derechos se señalan:

  • El derecho a la dignidad en el trabajo promoviendo la prevención frente al acoso y la violencia en el entorno laboral.
  • El derecho a la protección de las personas trabajadoras en caso de despido y el de los representantes de los trabajadores a contar con protección efectiva por parte de la empresa.
  • El derecho a la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras.

Se refuerza la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y sociales y se completa el sistema de protección de derechos sociales, como el de protección contra la pobreza, el acceso efectivo al empleo, a la vivienda, a la formación, a la cultura y a la asistencia médica.

La nota de prensa informa de que el proceso de ratificación de esta Carta ha estado dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación y la Vicepresidencia Tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social: “Con la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, España podrá terminar de adoptar todo el sistema de la Carta Social, al que se suman tres Protocolos Adicionales. De este modo España muestra a la comunidad internacional y la ciudadanía “que los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder”.

Es importante consignar el trabajo realizado por Cáritas a lo largo de estos años,  en una estrecha relación con diversas entidades, universidades y movimientos sociales, para lograr que los derechos contemplados en la Carta fueran una realidad para todos en el estado español. De hecho, la Ratificación de la Carta Social Europea Revisada en 1996 y el Protocolo adicional de 1995 fue la primera de las ocho Propuestas políticas que con el título Por una sociedad más justa fue presentada por Cáritas a todos los grupos políticos ante las elecciones de 2019.

Cáritas lo hizo desde la convicción de que “la dignidad de cada persona y los derechos que le son inherentes, en todo momento y en todo lugar, así como la fraternidad y el bien común, principios fundamentales para la construcción de una sociedad humana, justa y democrática” constituía la base de sus propuestas. Porque su objetivo ha sido la transformación de una realidad injusta y la aportación al debate público de propuestas para que los diversos grupos políticos pudieran aportar respuestas “cercanas, eficaces y de calidad” que pudieran satisfacer las necesidades de los más vulnerables.

Y lo hace para hacer presente en la sociedad  “la voz de los descartados” y dialogar con los poderes públicos y los responsables de las tomas de decisiones que permitan avanzar en este camino de cambio hacia una sociedad más justa y solidaria al estilo de Jesús “que siempre puso a las personas en el centro”.

España se ha convertido así en el 36º país del Consejo de Europa que es Estado parte de la Carta Social Europea Revisada y que todavía no es vinculante en Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Croacia, Luxemburgo, suiza o Islandia. Y es también el tercero, después de Francia y Portugal, en aceptar todas las disposiciones del tratado.

Según la noticia de Cáritas, “la Carta Social revisada reconoce, asimismo, el derecho a un salario equitativo para ambos sexos si se realiza el mismo trabajo, la protección de la maternidad de las trabajadoras, o la protección, en caso de despido, a la salud y la seguridad social. Además, prohíbe el trabajo de los niños en edad escolar, protege los derechos de las familias, de las personas con discapacidad y de los trabajadores inmigrantes y sus familias”.

Esta ratificación del Protocolo garantiza visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos consagrados en la Carta Social, y rubrica, por parte del Estado firmante, su apuesta inequívoca por la protección de los derechos y la garantía de su cumplimiento”.

Felicitamos desde estas líneas a Cáritas porque su compromiso con la transformación de la realidad, en trabajo y diálogo con otras organizaciones civiles, haya logrado la atención de los poderes públicos y la ratificación  de esta Carta Social Revisada que otorga a los más débiles los derechos que le son propios por su dignidad humana.

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