Casi simultáneamente saltan a los medios la campaña emprendida por un médico valenciano, Carlos Sanjuan, de 78 años, quien reclama a las entidades bancarias un trato más humano puesto que “casi todas las gestiones son telemáticas” y el Informe Foessa 2022, Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España, presentado por Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) en la mañana del 18 de enero, “primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia”, según la nota de prensa de las citadas entidades.
Si la campaña del médico septuagenario, Soy mayor, pero no soy idiota, ha reunido en poco más de cuatro semanas 375.000 firmas y ha conseguido que el Gobierno urja a los bancos a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores en la reunión que mantuvo la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, con el presidente de la AEB, el director general de Ceca, la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y el director de Conducta de Entidades del Banco de España para “abordar conjuntamente la urgencia de garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad, incluyendo a los mayores”, la publicación del informe Foessa en sus conclusiones confirma este nuevo factor de exclusión social que es la brecha digital, a la que denomina como el nuevo analfabetismo del siglo XXI. Una nueva brecha social, “intensificada por la Covid-19 y el proceso de digitalización de las relaciones sociales que ha producido”.
Todos tenemos experiencia en estos dos años de pandemia de lo que ha supuesto la digitalización de las relaciones personales, de los trámites administrativos, del teletrabajo, etc. Pero también somos conscientes de que una parte de la población se quedaba al margen de esta interacción social, según el informe Foessa, bien por no disponer de los instrumentos adecuados (35%) y, sobre todo, –afirma– por carecer de una conexión adecuada(21%) o de las habilidades necesarias para su manejo ( 29%). Esta brecha social podría verse incrementada en el futuro, si no se adoptan las medidas oportunas, ya que el modelo económico de recuperación que se pretende seguir está basado en la digitalización de la vida económica y social.
El informe expresa cómo los más afectados por este proceso y el apagón digital son más de la mitad de los hogares afectados por la exclusión social severa, porque al no tener vinculación a internet han perdido oportunidades de empleo, de acceso a la formación, a los derechos otorgados por las administraciones públicas o al mantenimiento de relaciones sociales que les pudieran ofrecer apoyo en situaciones de vulnerabilidad.
Por tanto, las políticas públicas deberán garantizar el acceso a los bienes comunes, tales como equipamiento informático, acceso adecuado a internet y formación en las habilidades necesarias para su uso.
Por ello, es una buena noticia la protagonizada por la campaña de Carlos Sanjuan que ha provocado la atención sobre el acceso digital de los mayores a las entidades bancarias para que, durante un tiempo, se garantice el ejercicio de sus derechos de forma presencial, tal como pide el Informe y no solo en este sector sino en el acceso a toda la administración.
Y, es más, se pide que la digitalización sea contemplada como contenido de máxima prioridad en los proyectos de inclusión y de forma especial en lo que se refiere al acceso barato y de calidad a la red y a la formación en su manejo.
No podemos renunciar a la riqueza y posibilidades que ofrece la transformación digital, pero no podemos olvidar que esta riqueza y posibilidades las deben alcanzar todos, desde la humanización de estos medios y desde la atención personal que requiere la diversidad de situaciones y experiencias vividas.
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