Una de las formas que está utilizando el Estado Dominicano, desde septiembre de 2021, para controlar la migración irregular procedente de Haití, es la expulsión de mujeres embarazadas haitianas o dominicanas de origen haitiano, sacándolas de los hospitales; negando su derecho esencial a la salud y el drama de la separación familiar. Hechos que han sido denunciados por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Haití y República Dominicana, que comparten la isla La Española, han tenido una relación histórica complicada y de desconfianza, empañada por la masacre de octubre de 1937, donde miles de haitianos fueron asesinados en dominicana por orden del dictador Rafael Trujillo, en las fincas agrícolas a lo largo de la frontera entre ambos países.
El racismo y la discriminación a todo lo haitiano persiste con el tiempo, la Constitución dominicana recogía hasta el 2010 el “Jus Solis”, donde se establecía que son dominicanos todos los nacidos en territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros en tránsito. Lo cual otorgaba la nacionalidad a todas las personas nacidas de inmigrantes haitianos que por décadas residían en el país. A partir del 2010, la Constitución integró la excepción en el “Jus Solis”: no serán dominicanos los hijos de extranjeros o indocumentados. Esta promulgación se ha utilizado como base para desnacionalizar a una gran parte de la población dominicana de ascendencia haitiana con la sentencia 168/2013, que, según la Organización de Estados Americanos, crea una situación de apátridas, sentencia que se aplicaría retroactivamente a los nacidos entre 1929 y 2010.
Un año después, el presidente de la República Dominicana, promovió la ley 169-14 o Ley de Naturalización, como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que realizó una visita al país para dar solución a los efectos de la de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional que había creado un riesgo inminente sobre el derecho a la nacionalidad de los descendientes de extranjeros nacidos en la República Dominicana. La aplicación de esta ley, que pretende naturalizar a personas dominicanas de ascendencia haitiana, no ha contado con procedimientos adecuados para que toda la población afectada por la sentencia 168/13 pueda lograr su documentación dominicana. Hoy, por hoy, la población dominicana de ascendencia haitiana sigue siendo tratada como población extranjera que ha llegado al país de forma irregular.
Se endurecen las políticas migratorias
La Dirección General de Migración de República Dominicana anunció, el 28 de septiembre de 2021, la implementación de medidas restrictivas contra mujeres migrantes, no residentes o ilegales, limitando el acceso al sistema de salud pública en casos de emergencia, así como la prohibición de la entrada al país de extranjeras en situación migratoria irregular a partir del sexto mes de gestación. A partir de entonces, se han realizado decenas de operativos de captura de mujeres en centros de salud con el objetivo de expulsarlas del país y dejar de ser una carga para las finanzas públicas. En estas expulsiones, además, han incluido a multitud de dominicanas de ascendencia haitiana, que no cuentan con documentación dominicana por la misma sentencia del 2013. Aunque actualmente, las deportaciones han disminuido, son numerosas las organizaciones de la sociedad civil que siguen recibiendo denuncias de mujeres expulsadas que dejan en casa a sus hijos e hijas menores en desamparo y desprotección, sólo asistidos por la solidaridad del vecindario de la comunidad; situación que empeora, al no saberse la localización de la madre y si podrá regresar para reencontrarse con su familia.
Muchas de estas mujeres de la emigración haitiana o dominicanas de ascendencia haitiana, que comparten la misma historia de pobreza y exclusión, están en estado de gestación y se las niega el acceso a los servicios de salud al no tener la documentación en vigor, o son sacadas de los hospitales vulnerando el derecho a su salud y el artículo 12[1] de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por la República Dominicana el 2 de septiembre de 1982.
Además, el informe de la sociedad civil dominicana en relación a la CEDAW, firmado por 4 organizaciones del país, asegura que las deportaciones tienen la intención de que las mujeres gestantes no sean atendida en hospitales públicos, a sabiendas que: 1) aproximadamente el 94% de las personas inmigrantes que participaron en el Plan de Regulación de Extranjeros obtuvieron una categoría migratoria no residente; y 2) que existe una cantidad considerable de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, que no han logrado obtener una documentación nacional y se encuentran en mayor vulnerabilidad porque no pueden mostrar un documento al momento de solicitar asistencia médica.
Congestión para República Dominicana
Las autoridades dominicanas justifican estas deportaciones con el argumento de que los servicios de maternidad del país son incapaces de asimilar la llegada de mujeres haitianas embarazadas, que han pasado del 12,5% de nacimientos en 2018, a un 30% en la actualidad; y la inversión en atención médica a residentes haitianos, según el Sistema Nacional de Salud, la cifra en 73 millones de dólares anuales, 5,8 millones de ellos, en partos. Si bien, tras las deportaciones de embarazadas, ha bajado la afluencia en los centros médicos un 20% en la capital; y un 10% en los hospitales de frontera, según informa, Daniel Rivera, ministro de Salud Pública.
La saturación hospitalaria no convence a Naciones Unidas y pide que se suspendan estas acciones que atentan contra los derechos humanos. Además, el proceso de deportación está fijado en un protocolo firmado en 1999 entre ambos países, donde República Dominicana se compromete a no separar a las familias.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, que llegó a la presidencia del país en agosto de 2020, dijo recientemente a las Naciones Unidas, “que si bien su país ha demostrado solidaridad y colaboración con Haití, ha soportado las crisis haitianas, sin ayuda del exterior…” y su ministro del Interior, Jesús Vázquez, comentó a los periodistas que “La principal amenaza es Haití y están llamados a defender el suelo patrio”. Actualmente se está construyendo un muro fronterizo para impedir el paso de migrantes.
Las autoridades dominicanas cifran en 31.764 las personas haitianas deportadas a finales de noviembre 2021; de ellas, 4.390 en septiembre y 6.137 en octubre. Un global que supone un 34% más que en todo 2020.
El viceministro de Asuntos Migratorios del Ministerio del Interior, José Manuel Rosario, declaró a la agencia EFE española, que los motivos por los que se ha empezado a aplicar de forma estricta la ley, se encuentra la crisis política y de violencia que sufre Haití; y que “el flujo de personas ya no es una cuestión migratoria, si no que tiene que ver con la seguridad nacional y ciudadana de República Dominicana”. “Hemos ofrecido construir tres hospitales en Haití, pero la comunidad internacional no ha ofrecido aporte alguno”. El propósito es resguardar la soberanía dominicana, evitar que penetren las bandas haitianas en el país y reducir la inmigración, que ha aumentado en los últimos meses por la crisis haitiana… Sin embargo, se ha convertido también en persecución hacia mujeres gestantes y parturientas que se las saca de los centros de salud para ser llevadas a una frontera llena de violencia y marginalidad.
Cabe destacar que República Dominicana, utiliza mano de obra haitiana precarizada, principalmente en los sectores de la agricultura y la construcción.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ambos organismos han expresado su preocupación por las expulsiones de mujeres gestantes de origen o ascendencia haitiana, a las que vulneran su derecho a la salud y su integridad personal. Además, la Comisión recuerda que las personas migrantes tienen derecho a recibir la misma atención médica que las personas nacionales, y que por tanto, los Estados no deben impedir el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad. A lo anterior, se añade, la prohibición de notificar, a las autoridades, información relacionada con la situación migratoria de las pacientes; así como controles migratorios en hospitales o sus cercanías.
Igualmente, el Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, ha pedido que se respeten los derechos de las parturientas independientemente de su nacionalidad: “Para nosotros es importante que se cumpla la ley, al tiempo que es vital que se respete el derecho de las personas”.
A pesar de los avances que República Dominicana ha tenido en materia de género, la discriminación a la población dominicana de ascendencia haitiana y migrantes haitianas continúa vigente; organizaciones de la sociedad civil, recomiendan una ley general contra la discriminación y xenofobia; aunque ya existe un Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2022), en él no se especifican acciones para contrarrestar la discriminación a este sector de la población.
Según indican las recomendaciones del informe de las organizaciones de la sociedad civil dominicana en relación a la CEDAW, el gobierno tendrá que variar sus medidas en cuanto a las deportaciones de mujeres embarazadas, parturientas y en condiciones de vulnerabilidad; garantizar que todas las leyes, decretos y resoluciones, estén en concordancia con los que expresan los principios constitucionales; que se reconozca y se respete el derecho a la nacionalidad a todas las personas nacidas en República Dominicana antes del 2010 y que se establezca un marco legal legítimo para el desarrollo e implementación del libro de extranjería.
La ONG InteRed, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y en coordinación con las organizaciones socias locales en República Dominicana: el Centro Cultural Poveda, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujeres y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica, desarrolla, el Convenio, a cuatro años: “Por el derecho de mujeres, jóvenes y niñas a una vida libre de violencias, incidiendo en la prevención desde el ámbito educativo y comunitario para la reducción de la violencia basada en género y la prevalencia del embarazo adolescente”.
Soluciones para acabar con la condición de apátridas en República Dominicana
Jenny Morón. Coordinadora del departamento de Derechos Humanos del Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA).
MUDHA, es una ONG sin fines de lucro, fundada en 1983, que tiene como misión mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables, especialmente de mujeres, niñas y niños, mediante programas de salud, asistencia legal, educación, derechos civiles y humanos para las comunidades de ascendencia haitiana.
¿Qué mecanismos ponéis en marcha desde el MUDHA para asistir y ayudar a estas mujeres que están siendo perseguidas?
En la actualidad, MUDHA, como organización feminista y liderada por mujeres, es la única dentro de la plataforma que trabaja este tema y hemos puesto en marcha medidas para minimizar el impacto. En primer lugar, hacemos incidencia mediática para visibilizar los abusos cometidos por las autoridades hacia la mujer y de manera específica hacia la mujer migrante. Nos coordinamos con organizaciones aliadas en Haití como el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) para establecer un puesto de información en zonas fronterizas para que las mujeres, así como las familias, puedan conocer el estado de la mujer y las condiciones para trabajar hacia su retorno y reunificación familiar.
Además, hemos iniciado acciones de incidencia desde los espacios sociales para que organizaciones, redes y plataformas que trabajan los temas de género e igualdad comprendan que estas acciones de persecución son un ataque directo hacia la mujer y hacia sus derechos. Para ello, presentamos esta realidad al comité de la CEDAW denunciado las acciones discriminatorias y xenofóbicas del Estado dominicano y estaremos presentándola ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la próxima audiencia temática. En todas estas iniciativas impulsamos también procesos de sensibilización social y comunitaria orientando a las mujeres y futuras madres sobre sus derechos, la necesidad de portar documento y los contactos de la organización para tener una asistencia legal
En el año 2013, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó retroactivamente de la nacionalidad dominicana a cientos de miles de hijos/as de migrantes haitianos nacidos entre 1929 y 2010. Esta situación provocó que miles de personas se convirtieran en apátridas en la misma tierra que les había visto nacer. ¿Cómo está la situación después de 9 años de la aprobación de esta sentencia?
Recordamos que la sentencia TC168-13 aún sigue vigente. Es por ello que a diario personas de ascendencia haitiana se les siguen negando la emisión de sus documentos o se les exige que presenten pruebas del estatus legal de sus padres o descendientes; se les indica hacer el procedimiento para ser auditados y transcribir su acta de nacimiento, aplicándoles de manera indirecta e inexplicable la sentencia ya mencionada; así como la ley 169-14, la cual desde su diseño presenta un conjunto de debilidades. En la actualidad está en estado de causa ante el Tribunal Constitucional para su nulidad lo que pone en riesgo quedarse sin registro civil y sin identidad.
Tras nueve años podemos decir que la sentencia sigue vigente, aunque el Estado pretendió buscar una solución a través de la Ley 169-14 al impacto de la decisión del Tribunal Constitucional, los hijos e hijas de las personas haitianas nacidos en el país viven bajo la amenaza del impacto de esta decisión. Insistimos: la ley 169-14 no ha sido la mejor solución al impacto provocado por la sentencia 168-13. El solo hecho de que en su enunciado principal se utilice los términos irregular y naturalización suponen un fraude y extranjerización, lo que genera estigmatización para las personas beneficiarias. En nuestra respuesta ampliada explicamos claramente como esta solución se ha convertido en un sistema de segregación donde hay grupos y sub grupos con distintos contextos y distintas situaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la apatridia tiene lugar dentro de un “contexto de discriminación histórica”. ¿Cómo ha afectado la sentencia 168-13 a la población y en especial a las mujeres y a las niñas?
La amenaza constante que provoca el hecho de que exista una decisión firme dictada por un tribunal de manera específica que ordena la desnacionalización de un grupo determinado por cuestiones de raza, etnia e historia es un reflejo de la discriminación estructural que existe en el país y así lo ha identificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta sentencia tiene un impacto en toda la población de ascendencia haitiana, pero en el caso de las mujeres el impacto es proporcional a la realidad legislativa que enfrentamos las mujeres dominicanas. Nosotras, de acuerdo a la ley, somos las responsables de la identidad de nuestros hijas e hijos. Me explico, es necesario y obligatorio para que un niño y niña tenga un acta de nacimiento que su madre porte una identificación regular en el país. La figura del padre en relación a la documentación solo se avala en el reconocimiento paterno que sucede cuando la identidad ya está establecida. En el sentido práctico podríamos decir que nosotras transmitimos nuestra condición de documentación a nuestra descendencia y por ello cuando nuestros hijos e hijas se ven indocumentados nos culpan e incluso nos violentan. Es por ello, que de manera particular yo manejo el término de que las mujeres dominicanas vivimos una violencia institucionalizada alrededor de esta realidad. Por lo tanto, queda claro que las mujeres somos y seremos a partir de esta decisión más vulnerables y que el impacto para nosotras será más severo.
¿Cuáles son las soluciones que las organizaciones de la sociedad civil plantean para acabar con la situación de apatridia en la que miles de personas viven en República Dominicana?
La solución es muy simple. En primer lugar, que se respete y reconozca los derechos a la nacionalidad dominicana a todas las personas a quienes se le fue otorgada. En segundo lugar, que se le conceda el derecho a la nacionalidad sin restricciones a todas las personas nacidas en República Dominicana antes del 2010 como así lo expresaba la Constitución dominicana. En tercer lugar, que se derogue la sentencia del Tribunal Constitucional por improcedente. Y por último, que se garantice que todas las personas que fueron beneficiadas con la Ley 169-14 no tendrán ningún conflicto con la nacionalidad y documentación.
[1] Art. 12.- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
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