Han pasado siete años desde que el 15 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) abordara grandes retos globales y los expresara en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretados en una agenda de 17 objetivos, con 169 metas, que deberían de cumplirse en el 2030. ¿Habremos logrado en esa fecha erradicar la pobreza para todos, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la promoción de una agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar entre los pueblos, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida?
A estos primeros retos, sigue el objetivo 5 donde se nombra específicamente la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y así hasta llegar a los indicados en los puestos 16 y 17: la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la facilitación del acceso a la justicia para todos, la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles y el fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Ante lo que vivimos en nuestro complejo presente, cabe preguntarse por su olvido en nuestras sociedades, guerras continuas, deterioro de la justicia, corrupción.
Pero hoy quisiera entrar solo en los objetivos 4 y 5. En esas metas que hablan de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y de una igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas que siguen siendo víctimas de esas sociedades en las que nacen y a las que les está prohibido el derecho a la educación.
Cuando las noticias de septiembre nos traían las informaciones de los violentos sucesos en Irán, contra unos gobernantes que imponen una determinada moral y unas normas rígidas, las manifestaciones nos traían las voces que gritaban: mujer, vida y libertad. Es un movimiento liderado por mujeres pero al que se han unido otras voces, incluso figuras públicas de clérigos que cuestionan la violencia contra las mujeres, protagonizada por la policía de la moral.
Sí, era la reacción a la violencia producida por la muerte de una mujer kurda de 22 años –Mahsa Amini– el 16 de septiembre, que fue detenida por la policía moral, porque llevaba mal colocado el velo (hiyab) y que poco después murió por la violencia ejercida sobre ella. A esta, han seguido otras muertes, víctimas de descargas policiales, como el caso de Hadith Nafaji, de 22 años que recibió un disparo de las fuerzas de seguridad la noche del 21 de septiembre, en Karaj, al norte de Teherán cuando había salido a protestar contra la violencia. Muertes que en esos días de septiembre, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, eran de al menos 76 personas muertas y que a mitad de octubre se estima en más de 200 personas. Y hay más, se confirmó por un periódico iraní que algunas estudiantes habían sido detenidas e internadas en instituciones psicológicas para reeducarlas y evitar sus comportamientos antisociales.
Parece increíble que, en el siglo XXI, sigamos padeciendo la lacra de la tortura, del terrorismo oficial. Estos hechos desencadenaban una ola de solidaridad entre mujeres de diversas partes del mundo que aparecían en los medios cortándose el pelo, como reivindicación de vida y libertad.
Hechos que originaron que, el pasado 4 de octubre, el Parlamento Europeo en Estrasburgo debatiera sobre ellos y que motivó que Josep Borrell anunciara que los ministros de Exteriores comunitarios iban a tomar decisiones sobre medidas restrictivas contra Irán por el asesinato de Amini y, a continuación, el 12 de octubre, los 27 países miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para adoptar sanciones contra los funcionarios responsables de la represión de las protestas en Irán, acuerdo confirmado por los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y recogido en su Diario Oficial de 14 de octubre de 2022.
Entre las medidas restrictivas se incluyen la prohibición de visados y congelación de activos a funcionarios iraníes entre los que se mencionan a Issa Zarepour, ministro de Tecnologías de la Información y a Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, jefe de la policía moral iraní.
Pero si esto pasa en Irán, no olvidemos a las mujeres y niñas afganas, privadas también de su derecho a la educación y a la libertad y abandonadas por las fuerzas internacionales al gobierno talibán.
Por ello, cuando el 28 de octubre se entregaban los premios Princesa de Asturias a diversas mujeres, entre las que se encontraban María Pagés, Carmen Linares y Ellen Macarthur, Premios Princesa de Asturias de las Artes y Cooperación Internacional y se reconocían sus valores y actuaciones en el campo internacional, pensaba en la necesidad de la educación, de la libertad, del derecho de elección para el cultivo de sus capacidades, de esos valores que representan y que, a pesar de las dificultades en su entorno, las ha hecho brillar con luz propia no para sí, sino para bien y deleite de los que contemplamos su obra en el campo de las artes o de la cooperación internacional. Sí, porque estas mujeres han nacido en sociedades libres, democráticas, y no pude menos que pensar en las mujeres privadas de derechos que no tienen miedo a perder su vida por conseguir ese don preciado de la educación, de la libertad que otras mujeres disfrutamos.
Ellas siguen gritando: “Mujer, vida, libertad”.
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