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MUJERES Y NIÑAS: VIVIR SIN VIOLENCIA

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030, el ODS 5 tiene como finalidad “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. 

La situación de las mujeres y las niñas ha empeorado tras la Covid-19. Desde InteRed, ONG de Desarrollo de la Institución Teresiana, hemos reforzado nuestra apuesta en defensa del derecho a la educación y la promoción a una vida libre de violencias machistas, a través del trabajo con profesorado, alumnado, familias, promotoras comunitarias y redes de atención, principalmente, en Guatemala, República Dominicana y Perú. 

Las causas de la violencia son múltiples y atraviesan de forma transversal a toda la sociedad y sus estructuras. En su origen encontramos prácticas patriarcales que legitiman los roles, estereotipos y prejuicios en los que se sustentan discriminaciones por razones de género y que se reproducen en las familias, comunidades, sistemas de educación, salud y justicia. 

Como consecuencia, además de ser discriminadas, las niñas y las mujeres encuentran múltiples barreras de acceso a los servicios de la ruta de atención, ausencia de respuesta o atención adecuada a quienes denuncian, y altas tasas de impunidad por la falta de políticas públicas para prevenir o sancionarlas en algunos de los países de la región Latinoamericana. 

En este escenario de retos y oportunidades que afrontan tanto los gobiernos, como las organizaciones y la sociedad civil, se enmarca el compromiso de InteRed, de contribuir, junto a las organizaciones sociales locales donde trabajamos, al cumplimiento del ODS 5. En Guatemala, República Dominicana y Bolivia nos hemos embarcado con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias.  

Guatemala

El Convenio con AECID: Contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencias, se desarrolla en seis municipios, tres del Departamento de Guatemala, y otros tres, del Departamento de Suchitepéquez; y va dirigido a lideresas, monitoras, procuradoras y promotoras comunitarias, indígenas y mestizas; a niñas, adolescentes y mujeres adultas mayas y mestizas que vivan situaciones de violencia física y psicológica en el hogar o en el sistema educativo; a niños y varones con los que se trabajan procesos formativos dirigidos a desnaturalizar las violencias; y a profesorado y personal directivo de las escuelas, junto a padres y madres. En el ámbito institucional se trabaja con entidades municipales, departamentales y nacionales; y contempla tres líneas de actuación, dirigidas a dar una respuesta integral a las violencias que viven las mujeres:

γ Mejorar el funcionamiento de los dispositivos de detección, atención, derivación, acompañamiento y respuesta a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer:

=Procesos formativos.

=Mejora de las condiciones (en infraestructuras y personal) de dos centros de atención integral a mujeres.

γ Prevención a través del trabajo con toda la comunidad educativa:

=Formación de profesorado, madres y padres.

=Impulsar la incorporación de estrategias de educación integral en sexualidad, claves para la prevención de violencias, así como embarazos y matrimonios precoces.

=Fortalecer la articulación de la comunidad educativa con las redes de detección, atención y derivación.

=Apoyo de los llamados Espacios amigables de atención a adolescentes y jóvenes. 

γ Incidencia política y social:

=Favorecer el desarrollo de políticas públicas a favor del derecho a una vida libre de violencias. 

=Contribuir a la desnaturalización de la violencia contra la mujer y a su reconocimiento social como una vulneración de los derechos humanos.  

Deimy Ventura, Coordinadora de la delegación de InteRed en Guatemala, explica que “cuando empezamos a trabajar con el profesorado, la recepción fue muy positiva, especialmente en zonas rurales, donde la formación docente está ausente, y hay más recepción para formarse en metodologías nuevas sobre el abordaje de la violencia. En las zonas urbanas, quizá por la saturación y las dificultades del sistema educativo, hay más rechazo porque se siente como una carga… Las propuestas están bien valoradas porque se les aporta materiales, recursos y acompañamiento para la práctica docente”.

Ventura, destaca como buenas prácticas vividas los “espacios amigables” donde se articulan salud y educación para que la juventud acceda a la información y al acompañamiento de sus necesidades y, el teatro terapéutico que ayuda en la sanación de mujeres que sufren violencia en Guatemala y transforma sus vidas en un proceso creativo y educativo basado en la escucha, el respeto y el compromiso, que se desarrolla con la metodología de la Asociación Artístico Cultural “Las Poderosas”. Las mujeres que participan en estos talleres, declaran la experiencia como “aprendizaje, paz, gratitud, disfrute, perdón y autocuidado”. 

República Dominicana

Una educación de calidad, inclusiva, democrática y objetiva, son características en los principios y fundamentos de la educación dominicana. Sin embargo, la calidad de la educación se ve afectada por la carencia del enfoque de género, ya que los condicionamientos culturales contribuyen a reforzar los estereotipos sexistas; el 79 % del personal docente desconoce lo que significa el concepto de violencia de género. 

Las causas de la violencia de género están tan naturalizadas que se hace necesario un cuestionamiento a nivel personal de actitudes, valores y creencias. Este Convenio con AECID: “Por el derecho de mujeres, jóvenes y niñas a una vida libre de violencias, incidiendo en la prevención desde el ámbito educativo y comunitario para la reducción de la violencia basada en género y la prevalencia del embarazo adolescente”, se realiza en seis municipios de la provincia de San Cristóbal: Cambita, Haina, Nigua-Palenque, Yaguate, San Cristóbal y Villa Altagracia; y va destinado a alumnado del último ciclo de Primaria y Secundaria de los consejos estudiantiles, a chicos, chicas y mujeres adultas del nivel comunitario (asociaciones juveniles, clubs de estudiantes, de deportes y grupos de iglesia) a quiénes se capacita como agentes de transformación en la concienciación sobre la violencia de género; también va destinado a profesorado, equipos de gestión, estudiantes con liderazgo, así como madres y padres. Todo ello, con la colaboración del Ministerio de la Mujer y la Dirección de Equidad de Género del Ministerio de Educación.

Francisca Ferreira, integrante del Equipo Colegiado del Centro Cultural Poveda, de República Dominicana, manifiesta que “la formación del profesorado, es clave para desmontar estereotipos sexistas. El programa formativo surge de la necesidad del personal docente de conocer y empoderarse en el enfoque y la perspectiva de género en el marco de las políticas educativas, porque se ha evidenciado que los condicionamientos culturales predisponen las actuaciones docentes en cuanto a la reproducción de actitudes y prácticas con sesgo de género”. 

Las dos buenas prácticas que destaca Beatriz Gallart, Coordinadora de la delegación de InteRed en República Dominicana, son los grupos juveniles contra la violencia, de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), organización local de InteRed, que “en los meses más duros de la COVID-19, se movilizaron vía online, para dar respuesta al aumento de las violencias, cambiar imaginarios y patrones en la forma de relacionarnos”. 

Otra buena experiencia es la Red de Sororidad, espacios que actúan, a partir de intereses comunes, en mejorar las condiciones de las mujeres desde la perspectiva de sus derechos, ligado a empoderarlas para que las mujeres gestionen cambios en sus vidas, a partir de formaciones, alfabetización, capacidades profesionales…  también para que las mujeres participen en sus municipios y mejoren sus condiciones y derechos.  

Bolivia

En Bolivia existen brechas importantes en el ejercicio del derecho a la educación de las niñas y niños pertenecientes a los pueblos indígenas originarios campesinos. Esta brecha se hace aún mayor en el caso de las niñas, que sufren una doble discriminación por ser mujeres y por ser indígenas. 

Paula Robledo, coordinadora de la delegación de InteRed Bolivia, destaca que “aproximadamente el 40% de la población se declara perteneciente a un pueblo indígena (en Bolivia hay 36). La necesidad de impulsar una educación que responda a esa diversidad cultural y lingüística, es el contexto en el que nace el Convenio con AECID”.

Convenio que se realiza en 32 unidades educativas de 14 municipios bolivianos, pertenecientes a 5 departamentos, y cuyo objetivo es fortalecer la aplicación de la educación intercultural e intracultural, plurilingüe y despatriarcalizadora, del modelo educativo socio-comunitario productivo emanado de la Ley de Educación Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Convenio que se articula con el Ministerio de Educación y que tiene 2 ejes principales:

γ La mejora de la calidad educativa, contribuyendo a que sea pertinente cultural y lingüísticamente, con la mejora de la formación docente, la innovación educativa y recursos pedagógicos actualizados y contextualizados. 

γ El fortalecimiento de la intraculturalidad y la interculturalidad, mediante la revalorización de las lenguas, culturas y cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, desde la participación de las bases sociales y autoridades educativas.

Un componente central es abordar la “despatriarcalización” de la educación, como así contempla la ley boliviana; Mariana Zeballos, especializada en igualdad y técnica de InteRed Bolivia, declara que “un curriculum despatriarcalizador introduce contenidos para la prevención de la violencia de género, promover la igualdad, revaloriza saberes ancestrales… posiciona el cuestionar desigualdades estructurales de género en la currícula educativa y, te indica, que el sexismo tiene que ser evitado en los materiales educativos. Las leyes bolivianas, nos ayudan a posicionar este tipo de educación”. Por su parte, Teresa Vargas, responsable de educación de InteRed Bolivia, manifiesta que “si bien la ley educativa boliviana, establece que la educación debe ser despatriarcalizadora, es un campo poco investigado y muy alejado de la realidad de las aulas”.

Los avances son lentos en cuanto a transformar imaginarios que legitiman y normalizan la violencia física, sexual, simbólica… que sufren las mujeres. Es necesario que mujeres y hombres caminen juntos para construir un mundo donde sea posible la dignidad para las mujeres, libre de violencias. 

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