La nueva ley no es un punto de llegada, sino el punto de partida para la reforma integral de un sistema de cooperación internacional que tenga verdadero peso político, dotado de suficientes recursos y con orientación estratégica para contribuir a resolver los retos del siglo XXI.
El pasado 9 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (1/2023), con el apoyo de todos los partidos políticos, excepto Vox. La Ley constituye la piedra angular sobre la que debe pivotar una profunda reforma del sistema de cooperación internacional español. Un nuevo sistema adaptado y capaz de responder a la enorme complejidad de los retos que plantea la Agenda global de desarrollo.
Han transcurrido 25 años desde la aprobación en 1998 de la primera Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (23/1998), en gran medida consecuencia de las masivas movilizaciones de los años 90, demandando al Estado español el 0,7% del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países más empobrecidos. Fueron indudables, durante sus primeros años, los aportes de la Ley en el desarrollo del sector de cooperación internacional, especialmente en aspectos clave como el reconocimiento de una política pública que, de manera inalterable, ha continuado gozando de un gran respaldo social, en el desarrollo de una institucionalidad donde se hace imprescindible destacar la cooperación descentralizada protagonizada por comunidades autónomas y entes locales, en el desarrollo de capacidades en múltiples ámbitos o en la consolidación de una red de organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGDs) capaces de canalizar la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, al dinamismo y empuje inicial le ha sucedido una década perdida1 cuyo punto de inflexión lo marcó la crisis económica de 2008. A lo largo de los últimos años se ha venido produciendo un progresivo desmantelamiento del sistema de cooperación traducido en una reducción de los fondos de AOD que han pasado de significar el 0,46% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en el año 2009 al 0,19% en 2019, experimentando un ligero incremento en los últimos años para alcanzar el 0,30% en 20222. La reducción de los fondos, entre otras cosas, ha provocado un debilitamiento en la institucionalidad del sistema de cooperación cuya máxima expresión podría situarse en la precarización de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), órgano central y responsable principal de la ejecución de los fondos de AOD y que en 2021 asumió la gestión de tan solo el 9,2%3 del total.
Todo ello en un contexto global de gran complejidad, atravesado por diferentes crisis interrelacionadas que cuestionan la viabilidad del actual sistema de desarrollo: estamos viviendo una crisis ecológica provocada por la actividad humana, especialmente la de los países económicamente más desarrollados, que se manifiesta en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y entornos cada vez más contaminados. Los efectos de la crisis son globales, aunque impactan de manera muy diferenciada, siendo la población más pobre, en condiciones de mayor vulnerabilidad (de forma mayoritaria mujeres y niñas) y, por ende, la que menos ha contribuido y contribuye a provocarla, la que más sufre sus efectos.
Es la crisis social que deriva del aumento imparable de la pobreza y la desigualdad a nivel global, tanto dentro de los países como entre ellos. En el año 20214, el 75% de la riqueza global estaba en manos del 10% de la población más rica y, dentro de este porcentaje, tan solo el 1% era propietario del 38% del total, mientras que el 50% más pobre de la población mundial posee tan solo el 2% de la riqueza. Tras varios años de disminución, desde 2019 no ha parado de incrementarse el número de personas que pasan hambre5 en el mundo, afectando en 2022 a 258 millones de personas de 58 países. La necesidad de escapar de la pobreza junto con la violencia, son dos de las razones más poderosas que explican la tendencia creciente de los últimos diez años en el número de personas desplazadas por la fuerza, alcanzando en el año 2021 un nuevo máximo de 89,3 millones6 de personas, lo que supone el doble que hace una década.
La crisis política resultado de la degradación del espacio democrático es un fenómeno global. La erosión de la confianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas está detrás del auge de liderazgos de corte autoritario que se alimentan del deseo de soluciones rápidas y simplistas. Sociedades ideológicamente polarizadas en las que se reducen de manera alarmante los espacios de diálogo y concertación, se favorece la emergencia de movimientos antiderechos y se criminaliza la participación política. En el año 2022, se registraron 401 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos movilizadas en defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ7.
España debe comprometerse de manera activa con los desafíos que plantea la realidad global y ello no es posible con un sistema de cooperación profundamente debilitado. Por ello, desde hace años se ha vuelto un lugar común la necesidad de una reforma integral del sistema de cooperación que nos conduzca hacia un modelo en el que la cooperación internacional tenga verdadero peso político, adaptado a la realidad actual, moderno, mucho más ágil y eficiente, con una clara orientación estratégica, suficientemente dotado de recursos y con una arquitectura institucional fortalecida y articulada. La aprobación de una nueva Ley debe ser el impulso definitivo para implementar dicha reforma. Una ley que haga posible y promueva las condiciones para que España tenga capacidad de aportar en la construcción de un modelo de desarrollo global ecológicamente sostenible, con justicia social y de género, que promueva los Derechos Humanos y la participación democrática.
La negociación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global se ha prolongado durante más de dos años, ha sido un proceso altamente participativo, se ha abierto al diálogo de los diferentes agentes de la cooperación: ONGDs, universidades, empresas, sindicatos… y ha culminado por fin su aprobación el pasado mes de febrero con un excepcional apoyo de la inmensa mayoría de los grupos de la cámara.
El texto definitivo recoge una buena parte de las demandas mayoritarias del sector entre las cuales destacan las siguientes:
La Ley se alinea con la Agenda global de cooperación: la Agenda de Financiación del Desarrollo Sostenible, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, el Acuerdo de París, y muy especialmente con los compromisos adoptados en la Agenda 2030 que se constituye en el marco de referencia fundamental de la cooperación española.
Por primera vez se contempla en una ley el compromiso de alcanzar progresivamente el 0,7% de la RNB fijándose como fecha tope para lograrlo el año 2030. Se hubiese reforzado dicho compromiso de haber ido acompañado de un plan presupuestario que concretase los incrementos porcentuales año a año. En cualquier caso, supone un paso adelante indudable por cuanto, además de ser una reivindicación histórica del sector, manifiesta una voluntad política clara por la cooperación internacional, voluntad política que deberá, esperemos, acreditarse en los futuros presupuestos generales.
La Ley incorpora la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible como uno de sus principios fundamentales, la que ha sido punta de lanza de las reivindicaciones del sector de ONGDs en todo el proceso de negociación. La incorporación en la Ley implica que los objetivos de la cooperación para el desarrollo sostenible se convierten en enfoque transversal de todas las políticas que se desarrollen a nivel estatal, con énfasis en las que formen parte de la acción exterior.
Una de las señas de identidad de la cooperación española ha sido la incorporación del enfoque de equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres. Dando continuidad a la misma, se apuesta por una cooperación feminista como un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española. Se compromete, por tanto, a transversalizar el enfoque de género en todos los instrumentos de gestión y a reforzar su compromiso por la lucha contra todas las formas de violencia de género y a afianzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desde estrategias de empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes en todos los ámbitos.
Entre sus principios básicos se destacan también la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, la preservación del planeta, el clima y la biodiversidad, la defensa y el respecto de la diversidad (en todas sus manifestaciones) y la democracia y el Estado de derecho.
Se apuesta por la Educación para el desarrollo sostenible y la Ciudadanía Global con el objetivo de promover en la sociedad española la información, el conocimiento crítico y la comprensión del carácter global y multidimensional del desarrollo sostenible. Se reconoce la interdependencia y la corresponsabilidad de todas las personas con el desarrollo sostenible en el que se basa el concepto de ciudadanía global. Se realizarán acciones de educación, sensibilización y comunicación. Y se trabajará por su inclusión en los planes y programas de todos los grados de la educación obligatoria, universitaria, formación profesional y formación del profesorado.
En la nueva Ley adquiere un mayor protagonismo la cooperación financiera con la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) y se reconoce la relevancia de la Acción Humanitaria a cuyos fines se destinará al menos el 10% del presupuesto.
El impacto de la Ley y su capacidad transformadora dependerá en gran medida del desarrollo de los diferentes reglamentos que deberán estar listos en un plazo de seis meses tras la aprobación: la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el estatuto de la persona cooperante, el Consejo Superior de Cooperación, la modificación del real decreto de subvenciones o FEDES y por supuesto, el VI Plan Director de la Cooperación española.
Es importante insistir en que la recién aprobada Ley no es un punto de llegada, sino el punto de partida a partir del cual reformar un sistema de cooperación internacional que, desde su ámbito, tenga capacidad de contribuir a resolver los enormes retos que nos plantea la realidad global del siglo XXI.
BIBLIOGRAFÍA
1. OXFAM Intermón (2019): Informe de Oxfam sobre la Realidad de la Ayuda 2019: de la década perdida a la agenda 2030
2. Fuente: Coordinadora de ONGDs (2023)
3. Fuente: Coordinadora de ONGDs (2022)
4. World Inequality Report 2022
5. Fuente: El País
6. Tendencias Globales de ACNUR 2021
7. Front Line Defenders: Global Analysis 2022
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