En los últimos meses, Estados Unidos ha hundido en aguas del Caribe más de 14 barcos presuntamente cargados de droga procedente de Venezuela. En varias ocasiones, Nicolás Maduro vociferó por los medios de comunicación ampliamente con tonos amenazantes y afirmaciones de tomar represalias si el país se veía amenazado. Al mismo tiempo, pedía incesantemente paz, en inglés (con una pronunciación que recuerda demasiado a una palabra en español algo menos agradable). Son palabras que no parecen haber tenido, en la práctica, mucho eco y que se han ido apagando progresivamente en los medios. Y son, evidentemente, amenazas imposibles de cumplir, ya que Maduro las profiere en nombre de un país terriblemente debilitado y prácticamente en ruinas. Y porque el llevarlas a cabo sería casi equivalente a una confesión de que los barcos dependían del gobierno venezolano y, de hecho, llevaban droga y tenían tripulantes terroristas. Una admisión difícilmente realizable.
Pero esas pequeñas embarcaciones parecen, en realidad, una metáfora del juego entero que trata de hundir toda la flota, o más bien, la armada entera. La flota que representa el régimen de Maduro que en las dos últimas décadas ha hundido (y esto sin metáfora) al país en la miseria. En la década de 1970, Venezuela era el país más rico de Hispanoamérica. Hoy es uno de los más pobres: hay escasez de casi todos los productos básicos, la inflación se ha disparado, y han salido masas ingentes de exiliados del país.
Además del sentido económico, está el político: el pueblo empobrecido había tenido una chispa de esperanza con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia, pero a partir de ahí, Venezuela ha derivado hacia una dictadura de corte socialista-comunista. En su campaña presidencial en 1998, Chávez había prometido usar los inmensos recursos de petróleo del país para reducir la pobreza. Mientras que, en un principio sus reformas tuvieron cierto efecto, también tomó otras medidas que precipitaron el declive del país. En primer lugar, despidió a trabajadores de la petrolera que habían participado en huelgas entre 2000 y 2003 y así privó a la industria de la experiencia técnica. En 2005 empezó a enviar productos con subsidios a varios países de la región, incluyendo Cuba. Las reservas de petróleo comenzaron a disminuir y la deuda del gobierno se duplicó. Hasta entonces, Venezuela había sido lo que se llama un petro-estado, es decir, una nación con una alta dependencia de un único recurso, el petróleo, con perjuicio de otros sectores, como el agricultor o ganadero. En un país así, el recurso estrella atrae la inversión extranjera, lo cual favorece la moneda nacional y la importación. Esto se lleva el trabajo y el capital de otros sectores. Cuando el sector entra en crisis, se resienten todas las demás áreas de la economía y de la sociedad civil.
El país también empezó a apoyarse más y más en la impresión de moneda por parte del banco central, lo cual llevó a sumirse cada vez más en deuda y en una hiperinflación en todo el país. Se nacionalizaron grandes sectores económicos como la banca, la industria de cemento, hierro y telecomunicaciones. Muchos negocios han tenido que cerrar y los pocos que no lo hacen operan, como si dijéramos a media asta. Además, el gobierno fijó precios por decreto para productos alimenticios y de necesidad básica. Tales precios eran a menudo demasiado bajos, con lo que los productores no podrían cubrir costes. Las leyes laborales, que impedían el despido libre (en teoría, buenísima medida), convirtieron los despidos en extremadamente costosos y arriesgados para las empresas.
Al mismo tiempo, el régimen bolivariano se hizo progresivamente dictatorial: se expandieron los poderes de la presidencia; se tomó el control de la Corte Suprema, se persiguió a la prensa, se nacionalizaron cientos de empresas privadas y empresas extranjeras. Para mediados de 2014, los precios del petróleo cayeron y la economía de Venezuela cayó en picado. A medida que crecía la incomodidad y los disturbios en el país, el sucesor de Chávez, Maduro, consolidaba su poder a través de la represión política. Ambos presidentes habían ejercido un fuerte control sobre la economía y eran enemigos del mercado privado y de la propiedad privada. La intervención del gobierno, que se suponía que extendiera prosperidad y bajara los precios, paralizó la economía doméstica que no dependiera del petróleo. Todo esto, agravado por la pandemia y sus secuelas han agravado una crisis humanitaria. Según un informe de 2022, la mitad de los 28 millones de venezolanos viven en pobreza. Casi ocho millones han huido a los países cercanos, a Estados Unidos y a España.
En estos últimos años, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido un tira y afloja entre sanciones, acercamientos, amenazas y críticas. Pero nunca, hasta el hundimiento de los barcos, se ha pasado a una acción directa o agresiva. En 2019 Estados Unidos lideró un esfuerzo internacional para derrocar a Maduro. Reconoció al opositor Juan Guaidó, e impuso sanciones a Venezuela. Pero todas las presiones no parecen haber servido de mucho ante el enrocamiento de Maduro y sus maniobras para permanecer en el poder.
Y es que no hay una buena manera de convertir una dictadura en una democracia. Eso solo podría ocurrir si la sociedad civil tuviera la suficiente fuerza como para resistir; pero, debilitada económicamente y asfixiada en su productividad, es raro que una población se pueda levantar. Ahora de nuevo, el presidente Trump anunció la imposición de aranceles no sólo a Venezuela sino también a esos países que adquieran gas de Venezuela.
La justificación que ofrece Trump para estas acciones es la fundada sospecha de que el gobierno venezolano ha enviado a decenas de miles de delincuentes a Estados Unidos, camuflados entre los millones de personas que no han tenido otra salida de supervivencia que emigrar. Entre estos delincuentes se encontrarían los miembros de la banda del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que recientemente ha sido designada como grupo terrorista. Y cuando miembros de una banda terrorista se mezclan entre gente honrada, sufren los más inocentes.
Y también es cierto que la droga no solo viene de Venezuela, sino, en gran medida, de México sobre el que se ha puesto una gran presión con aranceles y otras negociaciones, para controlar las drogas que cruzan la frontera, como el fentanilo, la cocaína y la metanfetamina. Pero la presión sobre Venezuela va algo más allá: no se trata de hundir solamente unos barcos, sino la flota entera, es decir, todos los elementos del gobierno de Maduro. Se trata, además de una estrategia para contrarrestar la indudable influencia del régimen venezolano en la región. El propio Trump así lo dijo: “No permitiremos que Venezuela siga financiando su dictadura a costa de la estabilidad de las democracias”.
Impacto global
Las medidas económicas afectarán, sin lugar a duda, a los países que dependen de importaciones de energía venezolana. Y podrían, lógicamente, provocar un encarecimiento del petróleo y el gas en ciertos mercados, con posible repercusión a nivel mundial.
De alguna manera (que resulta lógica a la luz de la política proteccionista de Trump), la estadounidense Chevron pudo seguir operando en Venezuela hasta mayo de 2025, ante la protesta y acusación de hipocresía y desesperación por parte de Maduro. Caracas denuncia que la medida es parte de una amplia estrategia para asfixiar la economía venezolana… con el objetivo final de hacer caer el gobierno.
Como es natural, Venezuela va a buscar otras vías comerciales y alianzas con China y Rusia… lo cual no conviene nada tampoco al régimen de Trump y es un paso más en la consolidación de un eje cada vez más fuerte y menos deseado por las democracias occidentales.
¿Han funcionado las sanciones hasta ahora?
La primera administración de Trump ya utilizó las sanciones en un esfuerzo por empujar al ejército venezolano a volverse contra Maduro para abrir paso a una transición democrática. Pero no se consiguió: los líderes venezolanos pro-Maduro se consolidaron aún más en sus posiciones. Maduro promulgó políticas sociales y económicas para premiar a los leales a él, y se subordinaron las necesidades del pueblo a intereses políticos, causando un alto coste a la ciudadanía. Las sanciones de 2019 paralizaron las cuentas bancarias de venezolanos en Estados Unidos, se apartó a Venezuela de los mercados de petróleo internacionales y las consecuencias secundarias fueron inmediatas. La producción de petróleo venezolano cayó en picado y esto, junto con el socialismo, han llevado a Venezuela al colapso total.
¿Hay un camino de salida?
Se podría pensar que el cambio global de energías de petróleo a renovables pudiera forzar a los petro-estados a diversificar sus economías. Pero dado el estado ruinoso actual, al país le resultaría muy difícil salir del agujero. Tendría que empezar por revitalizar su industria de petróleo antes de poder cultivar otras industrias. Pero eso necesitaría enormes inversiones que, en la actualidad, Trump no estaría inclinado a apoyar por parte de Estados Unidos, y probablemente tampoco por parte de otros países occidentales.
Según algunos analistas, los esfuerzos por resolver los problemas económicos y humanitarios de Venezuela deberían separarse de las negociaciones de cambio de régimen. Algunos grupos civiles proponen un programa de petróleo a cambio de necesidades básicas, en el que las ganancias provenientes de venta de petróleo se designaran exclusivamente a iniciativas humanitarias… Pero ya en 2022 se había hecho un acuerdo así con Maduro y aún no se ha puesto en marcha.
También se discuten programas de reformas económicas independientemente de quién gane las elecciones. Tales reformas tratarían de recuperar el sector del petróleo, privatizar empresas, reestructurar la deuda externa y despolitizar los programas sociales. Las elecciones de 2024, dieron la victoria a la oposición, hecho que Maduro negó, encarcelando, persiguiendo y enviando al exilio a sus opositores.
Y ahora la CIA… ¿solo unos barcos o a por todo?
Trump ha afirmado que autorizó a efectivos de la CIA a operar de manera encubierta dentro de Venezuela con el fin de acabar con el régimen. Argumentó que tal autorización se debe a dos razones: “Venezuela ha vaciado sus cárceles y ha enviado a criminales a Estados Unidos; y el comercio de drogas llega desde Venezuela por el mar… Ya hemos detenido el tráfico por el mar. Ahora lo tendremos que hacer por tierra”. Por tanto, tampoco se descarta la acción en tierra. Pero se enfrenta a gran oposición en el Congreso, con objeciones de ambos partidos por considerar que tales acciones se podrían ver como acciones de guerra no autorizadas por el Congreso. No es muy probable que haya acciones militares, sino más bien operaciones encubiertas de la CIA. Como era de esperar, Maduro no ha tardado en expresar su enérgica repulsa, recordando golpes de estado en el pasado (bastante lejano, por otra parte), mientras que no reconoce su propio golpe de estado. Una reciente encuesta indica que una gran parte de la población venezolana estaría a favor de una intervención armada de Estados Unidos para derrocar a Maduro. Pero eso es una situación políticamente muy volátil y pondría a Trump en una situación muy incómoda tanto a nivel doméstico como internacional.
La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la más notable opositora venezolana, ha puesto una vez más a Venezuela en el punto de mira del mundo, con la palabra Paz como principal foco.
No se ve una salida fácil. Y ciertamente, no parece que una guerra abierta en la zona esté de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Pero las acciones y reacciones pueden ser extremadamente peligrosas. El juego de hundimiento de barcos no es juego de azar, pero ¿quién será capaz de las estrategias más eficaces para hundir al otro? Por ahora, la flota está tocada, pero no hundida.
