Tengo muchos amigos puertorriqueños que se enorgullecen de su “bonita bandera” y sienten su nacionalidad profundamente. Y sin embargo, se llaman a sí mismos newyoricans, o chicoricans, por haber nacido en Nueva York o en Chicago. Los nacidos en Puerto Rico, añaden a su calificativo, “de la isla”. Y una vez establecidos en el continente, sus hijos se mezclan y remezclan con gringos, filipinos, afro-americanos, y otros hispanos de diversos países. ¿Cómo defender entonces, la independencia de Puerto Rico? ¿Qué son entonces: puertorriqueños, estadounidenses, colonos…?
Desde 1898, cuando Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico, el país nunca ha tenido ni total soberanía, ni se ha podido integrar plenamente en Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos, sujetos a las leyes federales y llamados a filas cuando es necesario, pero no tienen todos los derechos políticos. Pueden votar en las primarias para elección presidencial, pero no tienen votos electorales en la elección general. Sin voz en las políticas federales, Puerto Rico ha sido relegado por Washington y por décadas ha sufrido una profunda crisis económica. Tiene el índice de pobreza más bajo del país. No pueden continuar así. La crisis económica se debe corregir, pero antes habría que resolver la cuestión de su estatus.
El pasado 5 de noviembre el pueblo de Puerto Rico se enfrentó a un trilema: seguir como está como Commonwealth o estado libre asociado, independizarse, o convertirse en un nuevo estado de los Estados Unidos. No es una conversación nueva, ni un dilema nuevo. En 1952, el entonces gobernador Marín, ideó y consiguió el reconocimiento a la idea de Commonwealth después de él mismo defender apasionadamente la independencia e incluso más apasionadamente el ser estado.
El punto central del dilema o trilema, es una cuestión de identidad y de cultura. Y para Estados Unidos, se trata también de una cuestión de seguridad nacional y de estrategia, ya que Puerto Rico representa un contrapeso a ideologías de corte comunista, como las de la vecina Cuba. Como a Muñoz Marín en su momento, ni a los puertorriqueños ni a los estadounidenses se les hace tan claro el camino a seguir. Hay muchos factores políticos, culturales, de lenguaje y de identidad a tomar en cuenta; y hay un fuerte componente económico que no se puede obviar. Existe un cuarto camino, según un movimiento que comenzó hace unos pocos años en Puerto Rico, precisamente por afirmación de la identidad cultural, que es la nacionalización española. “No somos gringos, somos españoles”, dicen sus campañas. Eso, sin embargo, con la que está cayendo en España parece tan ideal, simpático y culturalmente atractivo, como irrealizable.
Estado libre asociado
La isla ha celebrado ya cinco referéndums no vinculantes sobre su estatus. Los dos primeros, en 1967 y 1993, indicaban preferencia por este estatus. Pero el tercero no se inclinaba por ninguna de las opciones. En 2017, un 97% de los votos se inclinaba por estatalidad de pleno derecho, pero con una concurrencia de solo 23% de la población, ya que los partidos favorables a la Commonwealth y a la independencia boicotearon el referéndum. En 1954, Luis Muñoz Marín, por entonces gobernador de la isla, aseguraba que la opción no se debería limitar a independencia o estado, y proponía entonces la solución del estado libre asociado. Era ésta una fórmula que permitía una cierta independencia política y económica, además de garantizar la identidad cultural y lingüística de la isla.
Este status garantiza, por tanto, un cierto nivel de autogobierno y una constitución propia, así como ciertas ventajas económicas, tales como el hecho de que las compañías que operan en Puerto Rico no pagan impuestos federales sobre los beneficios generados en la isla. Los residentes puertorriqueños pagan impuestos locales y sobre el salario, no pagan impuestos federales. Consecuentemente, reciben solamente algunos de los beneficios disponibles para los americanos en el continente. El afirmar este estatus tendría que pasar por arreglar el sistema económico, con más fondos por parte del gobierno para sanidad y alivio de desastres y creación de empleo. Y otorgar más derechos electorales a los puertorriqueños.
El camino de la independencia
Toda persona que se sienta patriótica desea, naturalmente la libertad y la independencia de su país. En ese sentido, el grito de que Puerto Rico sea un país independiente es razonable.
La independencia ofrecería plena autonomía política y control total de su economía. Presenta, sin embargo, algunas complicaciones. Perdería, por una parte, los beneficios económicos sustanciales que recibe ahora, lo que, a largo plazo dejaría desamparadas a muchas personas que en la actualidad reciben beneficios de seguridad social, salud o de veteranos. Crearía, además, un gran problema de identidad para los miles de puertorriqueños nacidos como estadounidenses o residentes en zona continental. Y no sólo un problema de identidad, sino un problema legal, ya que privar de ciudadanía a los casi tres millones de puertorriqueños que viven en el continente sería ilegal sin el debido proceso; y ese proceso sería, además, costosísimo.
Parece ser que pocos puertorriqueños están a favor de la independencia, que les causaría graves problemas económicos y legales y de separación familiar. Y a los Estados Unidos, les causaría un problema militar al no poder mantener las bases en la isla. Es más, a no ser que Estados Unidos decidiera no mantener buenas relaciones con Puerto Rico, es más que posible que la ayuda exterior se tuviera que mantener a un nivel bastante alto, lo cual pondría presión sobre Washington de aumentar la ayuda igualitaria a otros países del Caribe.
¿El estado 51 de Estados Unidos?
El convertirse en el estado nº 51 de Estados Unidos presenta toda otra serie de cuestiones. Tal transición requeriría una resolución del Congreso firmada por el presidente. Esto implicaría una representación plena en el congreso, con dos senadores y quizá cinco congresistas. También le concedería a los residentes de Puerto Rico acceso a todos los beneficios federales. La duda es si la propuesta recibiría el suficiente apoyo de los dos partidos, ya que posiblemente los republicanos teman que Puerto Rico vote mayoritariamente demócrata. Además, por su población, Puerto Rico entraría en el Congreso con una mayor representación que algunos de los estados centrales más despoblados. Y eso, no les gustaría a algunos, como por ejemplo, Montana, que aduciría agravios comparativos. Pero quizá el aspecto económico más difícil sería la plena integración de Puerto Rico en el sistema fiscal federal. Las empresas que funcionan en Estados Unidos en la isla estarían sujetas a impuestos federales, lo cual eliminaría sus incentivos para operar en la isla. Los residentes en Puerto Rico también tendrían que pagar impuestos federales, haciendo difícil para los gobiernos locales el mantener altos impuestos individuales. El convertirse en estado pondría en peligro cerca de 5.000 millones de dólares de los ingresos anuales de Puerto Rico. Y, para ayudar a la isla a cubrir su deuda, el gobierno federal tendría que proporcionar una porción de los ingresos perdidos.
Existe, además, una cuestión de identidad. Cuando la idea de convertirse en un estado se presentó por primera vez en 1952, algunas de las objeciones eran culturales y religiosas. Un país hispano, de habla española y de cultura católica no encajaría bien en un país mayoritariamente blanco, protestante y de habla inglesa. Pero esas objeciones han perdido ahora relevancia, con la extensión del español que habla más del 33% de la población, la elección de presidentes católicos como Kennedy y ahora Biden y la presente diversidad cultural que va cada vez más en aumento. Para la mayoría de puertorriqueños, el mantener su propia cultura y lengua y ser a la vez leales a los principios de la democracia americana no parece ser un gran problema. Han vivido con ello por muchas décadas ya. Tal solución sería también ventajosa para los Estados Unidos en el sentido de contrapesar el sentimiento antiamericano en la región. Fomentaría, además, el turismo enormemente, como ocurrió cuando Hawai se convirtió en el estado 50.
¿Y no hay ninguna otra solución?
Hace unos pocos años, Iván Arrache, un puertorriqueño de bisabuelos españoles, comenzó el movimiento regresionista, es decir, la vuelta a pertenecer a España. “No somos gringos, somos españoles”, reza su lema. Si bien tal integración suena ideal, adolece de un cierto romanticismo y, dada la situación de España en este momento, algo irrealista.
Queda, por tanto, el “trilema”, pero ahora con especial urgencia. Lo que se decida este noviembre, dice Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, “es legislación, y una legislación vinculante”.
Lo más importante es que, sea la opción que sea, será la decisión libre (quizá por primera vez en su historia) del pueblo de Puerto Rico. Una opción difícil, pero absolutamente necesaria si quieren sacudirse el sentimiento de ser colonizados, o ciudadanos de segunda.
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